DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO, ARMANDO BENEDETTI, IV CONGRESO MUNDIAL: AGRESIÓN, VIOLENCIA POLÍTICA Y TERRORISMO
CARTAGENA - BOLIVAR
NOVIEMBRE 18 DE 2010
Sea lo primero agradecer al doctor Miguel Bettín Osorio, la gentil invitación a participar en IV Congreso Mundial: "Agresión, Violencia Política y Terrorismo: Una Aproximación Interdisciplinaria para una Sociedad en Paz".
En mi calidad de presidente de la rama legislativa doy la bienvenida a las delegaciones y ponentes extranjeros y nacionales participantes en el evento. Estoy seguro que de aquí saldrán nuevos senderos, nuevas iniciativas, para enfrentar el fenómeno de la violencia que ha sido perenne durante nuestra Historia, muy especialmente durante los tiempos republicanos.
La violencia ha sido recurrente en el devenir de mi patria, durante el siglo XIX, se vivieron 8 grandes guerras civiles nacionales y cientos de guerras locales, durante el siglo XX, fue la violencia partidista y luego el narcotráfico quienes dieron combustible al fuego descarnado de la confrontación armada, y en este nuevo siglo XXI no ha habido un solo día de paz en todo el territorio de la República.
Las causas de cada uno de los conflictos han sido absolutamente disímiles, en 1839 sucedió la Guerra de los Supremos que se extendió durante 3 años, todo se inició por la expedición de una ley que ordenaba el cierre de los conventos con menos de 8 frailes, ya que significaban una carga onerosa a las arcas públicas, iniciado el levantamiento en el sur del país, fue luego extendiéndose para finalizar como una auténtica confrontación entre las facciones centralistas y federalistas.
En 1851, vino la guerra aupada por los grandes terratenientes contra las reformas liberales del Gobierno de José Hilario López dirigida a prohibir la esclavitud en Colombia, al final se impusieron las fuerzas reformistas.
Mucho tiempo después sufriríamos la guerra de los Mil Días, que fue una confrontación política de contenido partidista entre liberales y conservadores, y que además de sus consecuencias naturales tales como las pérdidas humanas y materiales propias de una confrontación armada, significó la secesión de Panamá como parte de la soberanía colombiana. Después la llamada "Violencia" de mediados del siglo XX.
Todas esas confrontaciones diferentes en sus causas terminaron de la misma forma, mediante acuerdos políticos vertidos en una Constitución, por ello no es de extrañar que Colombia haya tenido siete denominaciones distintas (una por Cada Constitución), de hecho, la Constitución más longeva, la de 1886, inicialmente recogida en 209 artículos permanentes, fue reformada en 67 oportunidades, agregándose o modificándose 608 cánones, es decir, en promedio cada artículo se varió tres veces en solo 105 años.
La tesis que a propósito de las importantes discusiones que se suscitarán en este foro traigo a colación, es que la violencia ha sido tan recurrente y permanente, porque solo se le ha abordado desde un punto de vista político-económico y jurídico, el Estado renunció a examinar y reprender los resultados sociológicos, psicológicos y neurocientíficos que significan la búsqueda de la paz duradera.
Inicié esta intervención haciendo referencia a la Guerra de los Supremos, y como esta se convirtió prácticamente en un enfrentamiento entre bolivarianos y santaderistas, es decir, entre centralistas y federalistas, que siguiendo el enunciado base de esta disertación terminó en una Constitución, pero renunció a tratar a las víctimas, es más, la Armada Nacional se queja como a partir de este inicio de la vida republicana se borró la vida y obra de los próceres del mar, en los siguientes términos:
"...Es realmente asombrosa, por decir lo menos, la forma como los historiadores y encargados del diseño de los currículos de la enseñanza de la historia en Colombia, han ignorado los hechos marítimos sucedidos durante la gesta independentista; pero sorprende especialmente la forma sistemática cómo se desconoce la señalada importancia que la Batalla del Lago de Maracaibo tuvo en todo el conjunto de la independencia suramericana..."
El caso de la guerra de 1851 es similar, el triunfo de los reformistas implicó la abolición legal de la esclavitud, sin embargo no se trazó una política para paliar las obvias situaciones precarias de los nuevos libertados, la crítica que hace DANIEL GARCÉS ARAGÓN es que: "la norma no estableció ninguna reparación, ni garantía material para pasar de la situación de esclavizado a ciudadano. Hecho que extendió en el tiempo, aún hasta nuestros días, la desigualdad, exclusión y discriminación, haciéndola estructural e institucionalizada en las más profundas entrañas del Estado. No es una casualidad que a nivel nacional y local, las cifras de pobreza, necesidades básicas insatisfechas y el desempleo sean más acentuados en las comunidades afrocolombianas..."
Así podríamos seguir examinando que cada uno de los supuestos momentos de paz y reconciliación nacional terminaron en Constituciones o normas con carácter constitucional, decisiones de perdón y olvido, y una amnesia colectiva acerca de los hechos pasados, por ello, las causas, los motivos y las circunstancias en las que se han librado las guerras en Colombia, han sido casi que eliminadas sino extirpadas de los currículos educativos, y esa es la mejor manera de olvidar, que las nuevas generaciones desconozcan los hechos de las pretéritas.
El Gobierno actual que preside Juan Manuel Santos, en sintonía con el Congreso de la República, ha venido impulsando la necesidad de expedir leyes que enfrenten el fenómeno de la pobreza y la exclusión en el país, la creación de un Fondo de Compensación que mitigue las enormes diferencias en el ingreso de las regiones, la expedición de políticas para paliar los horrores sufridos por las víctimas y un programa de tierras para devolvérselas a esos cuatro millones de connacionales que son desplazados en su propia patria.
Estas políticas públicas son importantes y necesarias para lograr un estado de paz duradero que brinde bienestar a todos los compatriotas y que a su vez no sea caldo de cultivo para nuevas confrontaciones, como una y otra vez ha acontecido a lo largo de nuestra Historia nacional.
Es necesario e imprescindible recordar que a día de hoy la guerra que luchamos es contra el narcoterrorismo, que se ha infiltrado en los cimientos del Establecimiento, según estudios de la Universidad de los Andes cerca de 200 mil familias viven del negocio de la droga en la etapa inicial de siembra de la hoja de coca, y se proyecta que esa empresa criminal tiene un tamaño cercano al 2.5% del PIB, significando algo más de 7 mil millones de dólares.
Lo más terrible y también lo más beneficioso para la búsqueda de la paz, es que de esos 7 mil millones de dólares, solo 800 millones de dólares corresponden al valor de la siembra de hojas de coca, 300 millones de dólares al valor agregado de la base de coca, mil doscientos millones de dólares para la transformación en base de clorhidrato de cocaína y cinco mil millones de dólares es el valor generado en el tráfico, este si dispuesto a corromper, comprar armas y poner en vilo la existencia misma del Estado. Reflexionar en que las acciones contra el narcotráfico se dirijan principalmente a destruir la base inicial de la cadena delictiva, que es la que mas drama social genera, sería una estrategia a examinar en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo.
En fin, en el marco de la tesis que he venido sustentando a lo largo de esta disertación, expresaré una serie de propuestas para que sean tenidas en cuenta dentro de los debates de este foro, y cuyas conclusiones sean material de insumo para la generación de acciones públicas desde el Congreso y las otras Ramas del Poder Público.
Debo resaltar que según el último Estudio Nacional de Salud Mental, dos de cada cinco colombianos han sufrido alguna vez en su vida de un trastorno mental, de los cuales, solo el 23% recibe tratamiento. El resto ha tenido que aprender a convivir con la depresión, los cambios de personalidad, la ansiedad, los ataques de pánico y las alucinaciones.
Seguramente gran parte de estos trastornos mentales provienen de años y años de ser víctimas de la violencia, e inclusive, de los procesos de marginalización y exclusión que durante decenios han perdurado en distintas generaciones, por ello, y tal como se hizo en el caso de la Justicia, solicito al Gobierno Nacional la creación de una Comisión Interinstitucional para la Salud Mental, que integrada por órganos públicos y dirigida por expertos sobre la materia, presente las bases de un programa estatal para la salud mental de los colombianos.
De igual forma, me parece fundamental que quienes integren esa Comisión verifiquen si es necesario para la Salud Mental de la República, que se modifiquen los currículos de Historia que hoy reciben los estudiantes, si es menester contar más acerca de nuestro pasado e inclusive, en hechos y sucesos que formaron el país que hoy tenemos.
Al leer la invitación al evento, denotaba como esta Cuarta Jornada Internacional, la cual tiene a Colombia como anfitriona, se busca abordar la violencia política y el terrorismo a partir de categorías analíticas propias de la psicobiología, las neurociencias, la criminología, la sociología, y no exclusivamente desde la economía, el Derecho o la política, está es una necesidad irrenunciable de la contemporaneidad, es nuestro compromiso con las nuevas generaciones.
Esta es la hora que en Colombia debemos legislar de la mano de los expertos, de la ciencia, de la técnica, y más aún si se trata del fenómeno que tal vez es el de mayor importancia para la Nación: la violencia.
Muchas gracias!!