Armando Benedetti, Senador

Discurso del Presidente del Congreso, Armando Benedetti, Foro desafío del estado frente a las bandas criminales

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO, ARMANDO BENEDETTI, FORO DESAFIO DEL ESTADO FRENTE A LAS BANDAS CRIMINALES

BOGOTA - COLOMBIA

ABRIL 1 DE 2011

Primero que todo me gustaría agradecer a la Corporación Nuevo Arco Iris por tomar la iniciativa para reunirnos aquí en el Congreso de la República para discutir este crucial tema. Las llamadas "Bandas Criminales" se han erigido en el mayor desafío para la seguridad nacional y el derecho de la población civil a vivir libre del miedo y la intimidación.

Las victorias, desaciertos y omisiones del Estado y la sociedad en general al confrontar este fenómeno en el corto plazo van a definir el panorama nacional de seguridad en las décadas que vienen.

Hoy no me detendré de manera detallada en el diagnostico general del problema, cuya magnitud ya ha sido reseñada por numerosas organizaciones. La Corporación Nuevo Arco Iris, Indepaz, la Comisión Colombiana de Juristas, La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la OEA, el CODHES, Human Rights Watch y organismos del Estado, entre otros, han realizado valiosos aportes a la discusión y conocimiento del tema.

Tales organizaciones, aunque difieren en las denominaciones que le dan a los grupos armados que surgieron luego de los esfuerzos dirigidos hacia la desmovilización de los grupos paramilitares, coinciden en señalar la necesidad del Estado de tomar medidas contundentes para confrontar el fenómeno.

Todos los análisis también coinciden en que las acciones de las Bacrim están violando los derechos humanos de la población civil y que el Estado está fracasando una vez más en el cumplimiento de su más elemental deber, la protección del derecho a la vida y a vivir libre del miedo de la población. No podemos repetir el error histórico del Estado, los medios de comunicación y otros factores de poder en Colombia que en su momento ignoraron el crecimiento de los paramilitares y la pesadilla que ellos significaron para amplios sectores de la población, sobre todo aquellos compatriotas con menos recursos, quienes siempre son los que pagan los platos rotos de nuestros errores.

Se ha discutido intensamente cual es la naturaleza de las bandas criminales. La discusión se ha centrado sobre si las mismas son el mismo paramilitarismo que supuestamente ya se había desmovilizado, o un fenómeno diferente pero relacionado al paramilitarismo, o si las bandas criminales son un desafío completamente nuevo.

Es evidente que las Bandas Criminales están relacionadas con un proceso de reinserción y desmovilización que estuvo lejos de ser perfecto. Más adelante, en esta corta intervención me referiré a este tema con mayor amplitud. Creo firmemente que solamente si la sociedad colombiana llega a un consenso bien informado y creíble sobre qué pasó en el proceso de desmovilización, podremos afrontar los retos que se nos presentan ahora.

Sin embargo, debido a la urgencia y seriedad del problema, hago un llamado a todos aquí presentes para que aprovechemos estos foros para encontrar soluciones prácticas y especificas desde el punto de vista geográfico y político para confrontar estas bandas. En vez de buscar definiciones generales que intenten explicar un complejo fenómeno como este, enfoquemos nuestros esfuerzos en identificar medidas que el Estado y otros estamentos de la sociedad podrían llevar a cabo ya para efecto de proteger a la población civil de las actividades de estas bandas criminales.

Es evidente que dependiendo de donde actúen las bandas criminales, éstas presentan dinámicas diferentes. En unas regiones, las mismas parecieran ejercer un control político, social, militar parecido al que desempeñaban los grupos paramilitares. En ocasiones, reconocidos mandos medios de los grupos paramilitares supuestamente desmovilizados han tomado las riendas de las organizaciones criminales.

En otras regiones, grupos paramilitares que nunca propusieron desmovilizarse siguen operando de manera muy similar a como lo hacían en años anteriores. Algunos de estos grupos mantienen estructuras y organizaciones internas paramilitarmente típicas.

Sin embargo, también es cierto que otros de estos grupos son claramente expresiones del crimen organizado así en ocasiones sean utilizadas por las FARC y/o el ELN para complicar y confundir a las fuerzas del Estado, y para coadyuvar empresas criminales de los subversivos. En otras regiones, élites locales que simpatizaron con los paramilitares están siendo objeto de extorsión, cerrando un círculo trágico típico de las violencias que han azotado a Colombia.

Como dijo una importante organización de derechos humanos, "Independientemente de cómo se clasifique a estos grupos, la realidad es que actualmente cometen en forma habitual ataques contra civiles y crímenes atroces que incluyen masacres, ejecuciones, violaciones sexuales y desplazamientos forzados. Y el estado tiene la obligación de proteger a la población civil, impedir que se cometan abusos y juzgar a los perpetradores.

Quisiera detenerme brevemente en un tema que es de vital importancia: el proceso de reinserción y desmovilización que se llevó a cabo durante los últimos años. A pesar de sus dificultades y retos que el mismo implicaba, creo que el proceso, al examinarse los resultados obtenidos deja mucho que desear, al menos en términos de violencia y crimen organizado.

Como lo dije en su momento cuando llevé a cabo un debate sobre el mismo, su inadecuada implementación y seguimiento son una causa indiscutible de la emergencia de las bandas criminales. Hubo deficiencia en la verificación de las identidades de los supuestos desmovilizados, lo que ha llevado a las recientes revelaciones de fraudes, cuya magnitud aun no sabemos.

También se desaprovechó la oportunidad de llevar a cabo desmovilización genuina de los grupos paramilitares. Quienes llevaron el proceso no investigaron sobre las fuentes del poder paramilitar: las rutas y las actividades vinculadas con el narcotráfico, sus bienes, las personas.

Hasta hace poco, no se había hecho un esfuerzo nacional serio por ubicar la enorme cantidad de bienes y recursos de procedencia ilegal de los paramilitares. Al no tomar medidas eficaces para identificar las tierras de las cuales se apropiaron los paramilitares, dejamos intacta una fuente significativa de riqueza y poder para quienes respaldan a los paramilitares y sus eventuales sucesores

Finalmente, creo que uno de los mayores lunares del proceso fue la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad de aquellos victimas que se la jugaron y creyeron en el proceso. Estas personas tomaron riesgos para contarle la verdad al país y reclamar sus derechos.

El que algunos de los lideres de victimas que se acercaron al proceso hayan sido asesinados es un ejemplo insólito e inaceptable de doble victimización. Y me permito, un paréntesis ahora, si el gobierno es incapaz de garantizar la seguridad de las víctimas del despojo de tierras, prioridad del señor Presidente de la República, cualquier iniciativa en ese ámbito será un fracaso.
Me voy a atrever a sugerir unas iniciativas para responder al reto que implican las Bacrim. Algunas de estas recomendaciones ya han sido enunciadas por otras organizaciones:

• Sobre el proceso de desmovilización de los paramilitares, propongo el establecimiento de una comisión de investigación independiente que analice su desarrollo. ¿Cuántos paramilitares se desmovilizaron? ¿Cuántos han reingresado a las Bacrim? ¿Cuáles desmovilizaciones fueron fraudulentas? ¿Cuál es la relación entre las Bacrim en determinados territorios son los antecedentes paramilitares? Son algunas de las preguntas que este ente pudiera ayudar a responder.

• Redoblar los esfuerzos para identificar las tierras y los bienes de origen ilícito que siguen en poder de los paramilitares o Bacrim, y asegurar su restitución a las víctimas.

• Priorizar el combate de las Bacrim, teniéndolas en cuenta como una amenaza de igual envergadura que las guerrillas. Previo estudio de las circunstancias locales en las que operan las Bacrim, hacer uso de la Policía y del ejército para combatirlas. Las Bacrim no pueden entenderse solamente como un problema policial.

• Cero tolerancias con los funcionarios del estado que apoyen a las Bacrim. La Fiscalía debe asignar prioridad a las investigaciones de agentes del estado contra quienes haya sospechas creíbles en este sentido.

• El Estado debe redoblar los esfuerzos para el diseño e implementación de un programa efectivo para la protección de víctimas y los testigos de los crímenes de los paramilitares y las Bacrim.

• La Fiscalía debe interrogar los supuestos paramilitares que participan en el Proceso de Justicia y Paz en lo que concierne a las fuentes de financiamiento y las redes delictivas de sus grupos.

Como Presidente del Congreso ofrezco mi apoyo y estoy seguro que el de la mayoría de mis colegas para tomar las medidas que sean necesarias para implementar estas recomendaciones.
Confío que el Congreso hará lo posible esta ocasión para que no le quede grande el asumir sus responsabilidades en aras de tomar las decisiones necesarias para proteger a la población civil indefensa de las actividades de estas bandas criminales

Muchas Gracias