Armando Benedetti, Senador

Discurso del Presidente del Congreso, Armando Benedetti, durante reafirmación del compromiso democrático con la constitución política de Colombia de 1991

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO, ARMANDO BENEDETTI, DURANTE REAFIRMACION DEL COMPROMISO DEMOCRATICO CON LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DE 1991

BOGOTÁ - COLOMBIA

JUNIO 30 DE 2011

De lo General y positivo de la Constitución Política de 1991:

De los resultados más destacados de la Constitución de 1991, es, sin duda alguna, la consagración de Colombia como un Estado Social de derecho. Se considera que el Estado colombiano debe no sólo respetar sino también propender porque se garanticen y materialicen los derechos consagrados en la Carta Política. La Constitución de 1991 tiene implícita una especie de disyuntiva entre el libre mercado y un mercado regulado. Entender que el mercado sin ningún tipo de límites puede acrecentar las brechas sociales es tal vez la razón por la cual se obliga a que el Estado intervenga como garante de los derechos, reconociendo que existen desigualdades inherentes.

A lo largo de estos veinte años, hemos sido testigos de la posibilidad de que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos fundamentales a través de mecanismos expeditos y eficaces, como la acción de tutela, la cual se puede interponer sin necesidad de un abogado.

Por primera vez en la historia política y social colombiana, se consagró al país como un Estado pluriétnico y multicultural, rompiendo la historia en dos momentos distintos y claramente opuestos: el proyecto político de la Constitución de 1886 era convertir a todos los habitantes en una raza homogénea y Occidental. Hoy nos preciamos de reconocer que nuestras culturas son nuestro mayor patrimonio. Que la diferencia hace a nuestra Nación.

Por otro lado, debe aplaudirse la creación del artículo 93, por medio del cual se consagra que los tratados de derechos humanos prevalecen en nuestro ordenamiento jurídico, lo cual fue posteriormente reforzado por vía jurisprudencial a través del denominado "bloque de constitucionalidad".

Precisamente este trabajo jurisprudencial se configura tal vez como uno de los aspectos más innovadores y modernos de nuestro nuevo ordenamiento jurídico: la creación de la jurisdicción constitucional, en cabeza de la Corte Constitucional. Hubiera sido imposible para los colombianos haber alcanzado una vigencia más o menos real de sus derechos sin la intervención de esta importante institución.

No puede olvidarse la importante creación de la Fiscalía General de la Nación, como una entidad que se ha encargado de poner en cintura a las mafias que se habían desbordado en el período que antecedió a la Constitución y que hoy por hoy, se constituye en un órgano independiente.

La consagración de Colombia como un Estado laico debe reconocerse igualmente como uno de los cambios estructurales desde 1991. Figuras como el Concordato con el Vaticano y el poder de veto permanente de la Iglesia fueron la regla general desde nuestra misma independencia. Hoy nos reconocemos aún como un país mayoritariamente católico; sin embargo, conscientes de que los destinos de un país no pueden estar dirigidos por ningún credo en específico.

No podía ser otro el resultado de una Constitución que tuvo como partícipes a un sinnúmero de ciudadanos representados en mesas de trabajo, juntas de acción comunal, consejos municipales, académicos, estudiantes, organizaciones de toda índole, e incluso actores de la violencia que se desmovilizaron para trabajar por un mejor país.

"Retos y desafíos" para hacer una Constitución Política más real:

La Constitución del 1991 logró que el Estado Colombiano se fijara unos parámetros de construcción de nación pluralista, respetuosa de la diversidad y mucho más incluyente. Sin embargo, es necesario reconocer, que muchos de los alcances jurídicos plasmados en la Constitución, no se han visto reflejados en la cotidianidad de nuestros días. El lenguaje plasmado en códigos no es suficiente para garantizar el goce efectivo de los derechos que ahí se recogen.

Colombia es hoy, a pesar del reconocimiento constitucional que promulga la igualdad real y no meramente formal, el cuarto país más desigual del mundo. De esta misma manera, a pesar del reconocimiento y garantía a la protección de los derechos fundamentales, muchos colombianos hoy ni siquiera gozan de una vida digna.

Creo que es importante reconocer los logros obtenidos durante estos 20 años, en donde un nuevo texto marcó la ruta de navegación del Estado. Pero es igual de importante reconocer que la Constitución, por más de ser normar de normas como diría Kelsen, es un texto que necesita de herramientas ciertas para su aplicabilidad.

Miremos el tema de igualdad de género, y podremos concluir que las mujeres, a quienes la constitución del 1991 les da reconocimiento pleno de su ciudadanía e igualdad de derechos frente a los hombres, siguen siendo víctimas de discriminación y violencia.

Si nos vamos más allá y ahondamos en la representación de nuestras mujeres en los espacios políticos nos damos cuenta de esa realidad latente. En el Congreso de la República, por ejemplo, la presencia de mujeres es baja, bajísima diría yo, sólo representan el 16 por ciento en el
Senado y en 12 por ciento en la Cámara de Representantes.

Por otra parte, si bien es cierto que la Constitución de 1991 estableció que somos una democracia participativa, vemos que los mecanismos o herramientas para activarla no son utilizados ampliamente, pues sus requisitos convierten en inalcanzables: el referendo, el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. "Después de veinte años de expedida la Constitución, podemos decir que ha sido superior la voluntad de las organizaciones sociales de participar que el apoyo otorgado por las normas legales."

No podemos dejar de lado la compleja situación de nuestra sociedad del futuro; la Colombia del futuro: me refiero a la precaria situación de nuestros niños, niñas y adolescentes. La robusta protección constitucional no ha sido precisamente aplicada en la práctica. Nuestros niños siguen siendo víctimas del reclutamiento forzoso, unido a la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía y la trata de personas. Por otra parte, el Dane ha afirmado que más de un millón y medio de niños trabajan en Colombia y que el sistema de salud aún es ineficiente para esta población.

Ahora bien, si quisiera detenerme en un tema que resulta de gran importancia para Colombia, y es el poder contar con un texto que sea garante de la democracia y por lo tanto tenga un sistema franco de frenos y contra pesos.

Dadas las reformas a que hemos sujetado nuestra carta política, esta división se ha ido diluyendo, y cada vez más encontramos a un poder superponiéndose al otro. La división de poderes tienen una lógica imperante, "para que no puedan abusar del poder es necesario que por la disposición de las cosas se modere una potestad a otra."
Al día de hoy se han realizado 31 modificaciones a un texto que debe de ser casi sagrado. Un texto que nos debe conducir a la construcción de un país; está "reformitis" ha llevado quizás a que la esencia misma de la Constitución se empiece a perder.

Y acá no estoy hablando de no reconocer los cambios o evoluciones de la sociedad, evidentemente la modernidad de nuestro tiempo implica dinamismo. Pero precisamente una de las "finalidades de la utilización de la escritura y de la codificación son las de fijar los contenidos básicos que fundan el ordenamiento jurídico y facilitar su conocimiento y consulta." La interpretación de las normas, la lectura que de ellas se haga, es en donde radica la potestad de uno de los poderes de interpretar la voluntad del legislador, por ejemplo, y la aplicabilidad de esa voluntad en el tiempo.

En Colombia, necesitamos trabajar por una identificación real de los roles y las responsabilidades de cada una de las ramas de poder público. El Congreso, por ejemplo, necesita recobrar su independencia, su poder de legislar de manera autónoma y responsable, de hacer control político juicioso, para así responderle de manera directa al constituyente primario que nos eligió para que lo representáramos. Hemos perdido, inclusive, la facultad de interpretar y aplicar nuestro propio reglamento y de conformar las comisiones. Las Cortes, tienen su poder, tienen la obligación de interpretar las normas e impartir justicia. Y el Ejecutivo representa el gobierno, es el hacedor de políticas públicas y el gerente del país en el que vivimos. Cada uno controlando que ninguna de las otras ramas abuse de su poder o pase por encime de las responsabilidades de las otras.

Con estas críticas no pretendo decir que la Constitución del 91 no ha sido un instrumento útil, pero si quiero decir que necesitamos mucho más que un decálogo de derechos para poder sacar este país adelante.