Armando Benedetti, Senador

Discurso del Presidente del Congreso, Armando Benedetti, instalación de la segunda legislatura del Congreso de la República

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO, ARMANDO BENEDETTI, INSTALACIÓN DE LA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

BOGOTÁ - COLOMBIA

JULIO 20 DE 2011

Este discurso podría ser un inventario. ¡Para decir, por ejemplo, que según encuestas confiables el Congreso obtuvo una opinión favorable histórica del 60% de los colombianos!
Y decir, además, que el Senado debatió y aprobó 281 proyectos de ley durante la legislatura que agoniza, 229 de ellas con origen en el Senado y 52 en la Cámara de Representantes.

Agregar que algunas de esas leyes son trascendentales. La ley de ordenamiento territorial por ejemplo: este Congreso demoró 20 años completos en desarrollar los principios constitucionales de 1991 sobre la materia.

O leyes y actos legislativos como la de regalías, que si los colombianos somos capaces de implementarla felizmente, proporcionaría durante los próximos diez años más de 100 billones de pesos destinados a mitigar, tal vez a mucho más que mitigar, las terribles, las inaceptables desigualdades que durante décadas y décadas han avergonzado a éste país.

O leyes como la de las víctimas, sin duda una ley que, solo con enunciarla, Colombia recupera algo de la dignidad internacional que una violencia grosera y una indolencia injustificable habían estropeado. Leyes, en fin, que como las de sostenibilidad fiscal, Anticorrupción, Plan de Desarrollo, Regla Fiscal, Seguridad Ciudadana y Primer Empleo, proclaman que este Congreso hizo la tarea. Y que la hizo sin la agonía de los pupitrazos, sin lastimar el reglamento, sin violentar los derechos de las minorías parlamentarias y sin indebidas presiones del Ejecutivo.

Ese inventario, ese que hago y evito, tendría que incluir, e incluye, mayor transparencia en contratación, efectivo control de asistencia, control a lobistas en plenaria, publicación de bienes de los congresistas, incremento por encima de los niveles esperados del rating de los noticieros de Senado y Cámara, el aumento significativo del ingreso de los ciudadanos ala página web y a las redes sociales del internet, y el reconocimiento internacional del BID y OEA, para quienes nuestras prácticas legislativas resultaron ser ejemplo continental. Y tal vez podríamos añadir algunos etcéteras adicionales.

Sin falsas humildades debo proclamar, sin embargo, que lo ocurrido y lo evitado son apenas un lugar de partida. El Congreso, acaso todos los Congresos de cualquier lugar y durante todo el siglo anterior y lo que va de éste, si ello sirve de consuelo, tiene todavía enormes retos, tensiones y desafíos que afrontar.

Representar significa , según los diccionarios, ponerse en el lugar de alguien, actuar en lugar de éste. En términos de democracia o de lo que ella debería ser, eso no sugiere suplantación ni impostura. Pero en no pocas ocasiones esa es toda la representación que históricamente hemos asumido durante décadas.

El verbo deliberar es uno que las democracias han olvidado conjugar. Se supone que decidimos, pero sin deliberar. A veces ni eso, porque las aprobaciones que aquí se hacen han sido pensadas, procesadas e impuestas desde afuera. Desde otras ramas del poder público, o desde esas otras inquietantes esferas del poder difuso y ubicuo que amenaza las sociedades contemporáneas.

Puede predicarse, sin exageraciones mayores, que en la legislatura última el Congreso volvió a deliberar. Y lo hizo en asuntos tan vitales como focalizar la atención del Estado frente a las catástrofes de la violencia, no en el victimario como fue la usanza hasta la víspera, sino en la víctima. O en tareas tan delicadas como la estructura del Estado en su ordenamiento territorial. O la desigualdad, esa gran deuda del país para con la decencia social y la esperanza democrática.
Y fue esa la oportunidad, la feliz oportunidad, para sentir en el Congreso la pluralidad, el disenso, el conflicto intelectual, la voz de los sectores sociales, de los partidos, de las minorías, de las ideologías. En fin, los ruidos de la deliberación. Pero hace falta mucha más deliberación. Y no solo en el Congreso. La voz de la sociedad civil es todavía inaudible. Como si sospechara que nuestra sordera y la de todo el poder, hicieran inútil esa interlocución.
Un estudio de finales del siglo anterior del investigador y economista Adolfo Meisel muestra que entonces el Producto Interno Bruto de la Costa Caribe era apenas el 55.8 % del PIB del resto del país, y el de Sucre era sólo el 22.5% del de Cundinamarca, "una disparidad que es comparable a la que hay entre Colombia y Suiza".

El Acto Legislativo de Regalías significa entonces, en semejante escenario, una fractura y un estremecimiento. Y sobre todo una esperanza y una posibilidad. ¿Y quieren saber qué clase de diálogo produjo esa novedad? Apenas la trasnochada quejumbre de un par de funcionarios públicos para quienes toda solución que no satisfaga la caprichosa impaciencia por unas entidades territoriales regionales, es un pretexto para dañar la fiesta, empobrecer el entusiasmo y estorbar los buenos sucesos que aquellas posibilitan.

Es una suerte de populismo fácil e irresponsable, como todos los populismos. Porque una cosa no niega la otra. Porque en un país como éste, cambios bruscos en la estructura del Estado son una cosa que aconseja cuidado y prudencia especiales. Porque la creación de esas nuevas y costosas estructuras administrativas nunca estuvo planteada como algo verosímil en unidades de tiempo de ansiedad y urgencia, y porque la nueva ley de ordenamiento territorial no niega esas posibilidades sino que establece unos itinerarios reposados, serios, factibles y graduales.

La Costa Caribe, el Chocó, Cauca, Nariño, toda la desheredada zona de frontera, la Amazonía y la Orinoquia, sus gobernadores y alcaldes, y sobre todo las fuerzas sociales, las organizaciones no gubernamentales, las unidades administrativas y de planeación previstas en aquellas normas, tendrían que estar preparándose desde ya para viabilizar y recibir las oportunidades que ahora se les ofrecen. Es urgente el diseño de grandes y estratégicos proyectos de inversión capaces de cambiar el rumbo y el destino de aquellas regiones a las que hemos dejado en manos del mercado, del olvido, de la exclusión, del desprecio, de la corrupción, de la indigencia mental y del centralismo salvaje. Las gentes que han sufrido esa catástrofe social no hicieron ese mundo, fueron arrojadas a él.

Me gustaría que en la legislatura que hoy se inicia se buscará una manera de que el Banco de la República, mas concretamente su Centro de Estudios Económicos Regionales, evaluará las posibilidades de un proyecto de entidades territoriales capaz de descentralizar y ampliar la participación en las decisiones de planeación, inversión y gasto público, sin comprometer la arquitectura del Estado, sin lesionar entidades territoriales cuya consolidación demandó tanto tiempo, esfuerzo y contrariedades y sin someter al tesoro público a la hemorragia de nuevas y costosas burocracias.

Esa interlocución con el país tiene que ir mucho más allá de una ley de ordenamiento territorial y de la reforma constitucional de regalías. Este país tiene que entender que sus márgenes de tolerancia con la desigualdad deben estrecharse. Que la guerra contra la pobreza no se agota en los mecanismos de redistribución de la renta de las regalías. Entender que esa es una tarea que compromete a los individuos, a los ciudadanos, al Estado y a los empresarios.

Esa deliberación tiene que incluir repensar las políticas de empleo. El empleo, que es la única renta posible de los pobres, es cada vez más escaso y menos digno. Por eso, los amplios sectores del paro que no cuentan con una expectativa de empleo están excluidos en la práctica del sistema productivo, de la ciudadanía y de la vida.

Más allá de la polémica sobre si la pobreza genera violencia o la violencia la pobreza, más allá de la inacabable polémica sobre la eficiencia de la condiciones objetivas como generadoras del crimen, se requiere cierta dosis de cinismo para negar que esas exclusiones del desempleo son ya la violencia. El desempleo coloca a las personas por fuera de la cadena de la vida, las despoja de los derechos del ciudadano, niega la posibilidad de la inserción social, imposibilita el ejercicio de la salud y la educación, de las expectativas, los propósitos y los sueños. El desempleo es socialmente una situación de crimen social y violencia objetiva.

Para contrarrestar la desigualdad, especialmente en términos de apropiación de oportunidades de salud, educación, servicios públicos y vivienda, es necesario que una parte importante de la riqueza privada se redistribuya, mediante instrumentos de política pública. Y es preciso que recordemos que aquí las políticas sociales se han visto afectadas por un fuerte deterioro de lo público, expresado en corrupción, desconfianza y debilidad institucional.

En ocasiones el afán de atraer inversiones a cualquier precio nos ha llevado al otorgamiento de privilegios, subsidios y exagerados incentivos fiscales. Las actividades más dinámicas no son gravadas o lo son a niveles insuficientes. Logros insignificantes de generación de empleo no compensan la pobre contribución al desarrollo de algunos privilegiados sectores. Aquí las políticas públicas no contrarrestan las desigualdades creadas por el mercado sino que las reproducen. Y nuestro estado deviene regresivo.

El combate contra la pobreza no está exclusivamente inspirado en la compasión, en la solidaridad, en el humanismo de ciertos postulados políticos. Este país no vencerá jamás sus dificultades estructurales si continua resignándose a ser un país de simultáneos bolsones de bienestar y de miseria. El desarrollo de las zonas económicamente más vigorosas sería mucho mayor si en sus alrededores, o en sus propias laderas, no cohabitara con la miseria y el desamparo. Nuestros desarrollos son, a la postre, insignificantes porque empobrecen los ingresos fiscales, secuestran las rentas, sofocan la redistribución, perpetúan desequilibrios y consagran la injusticia.

El país también tiene que deliberar sobre el narcotráfico, ese demonio de mil cabezas que volvió pesadilla lo que sin él ya era socialmente catastrófico. Los costos sociales, económicos, culturales y políticos que el narcotráfico nos impuso son exorbitantes. La llamada Comisión Global para la política de Drogas no descubrió la pólvora con sus recientes conclusiones sobre el fracaso de las políticas públicas contra el narcotráfico. Lo importante de ese reconocimiento es el altísimo perfil político e intelectual de los responsables de aquel informe.

La escueta y contundente conclusión de que " la guerra no ha sido, no podrá y no será ganada", de que el consumo de opiáceos y cocaína creció más de un 30% durante la guerra contra él, y de que ha llegado el momento de desmontar las estrategias que no lograron resultados, pero impusieron costos devastadores a países y personas, reclama de países como el nuestro, probablemente la víctima más propiciatoria de aquel infierno, una reflexión abierta, descarnada, valiente, contemporánea y audaz.

Aquí las deliberaciones sobre el tema siempre han estado estropeadas e intervenidas por la propia complejidad del asunto y por su acuciosa pertinencia en el acontecer del país. Temas como el de la extradición, por ejemplo, estaba y está atravesado por los intereses, inhibiciones o miedos de los actores del debate público. Que lo diga o que lo calle la Constitución o los constituyentes, que la aprueben o la desactiven las Cortes, que la prodiguen o la mezquinen los gobiernos, que la reclamen o la rechacen los cambiantes estadios de opinión.

No solo la extradición impone confusión, decisiones caprichosas y de ocasión, políticas que se deben a los costos que se asumen o economizan. El Congreso tiene la responsabilidad, como lo tienen las Cortes y el Ejecutivo, de oxigenar un debate totalizante sobre el narcotráfico hasta hoy signado por las evitaciones. Colombia tiene todo el derecho del mundo de exigir de los países consumidores algo más que ese ominoso reparto de los oficios sucios que la estrategia internacional supuso y nos asignó.

Los dramas de muerte y desplome de institucionalidad que amenazan a México, la violencia que acosa el auge y el desarrollo de Brasil, los peligros que acechan con más rigor que nunca a Venezuela, la captura que el crimen hace de casi todos los Estados de Centroamérica, me lucen a mí, señor Presidente Santos, una estupenda oportunidad para intentar una política latinoamericana capaz de ser enfrentada a las estrategias impuestas desde el primer mundo para su propia comodidad y desatención.

Lo que de verdad nos convierte en hombres es la posibilidad de asumir nuestra propia crítica. No somos completa y absolutamente inocentes de lo que nos hizo el narcotráfico. Wiesel decía que los santos son aquellos que mueren antes de que finalice su historia. La nuestra no acaba todavía, lo que tal vez signifique que aún tenemos una oportunidad para inventariar las debilidades, las tolerancias, los falsos valores que construyeron ese engendro.

La oportunidad de revisar ese mundo hedonista encaramado sobre el juego, el lujo, la ostentación, el dinero fácil y el entretenimiento que preside la escena de nuestras vidas. Hemos perdido la capacidad de compartir, compadecer, esforzarnos y sacrificarnos. Es la oportunidad de una nueva solidaridad. Ya no más madres rogando a los dioses por el buen suceso de sus hijos sicarios. Ya no más la codicia de los despojos, el raponeo, las expropiaciones violentas y el crimen. Ya no más ese lenguaje indigente y traqueto que copa y obsesiona lo mediático, lo faradulero y lo joven. Ya no más esa indolencia frente a la razón de los vencidos. Sin un giro que ponga al país por el sendero de sociedades con valores sociales, compasión y una alteridad que comience con el otro, no habrá seguridad democrática ni prosperidad democrática, ni guerra ni paz suficiente para establecer un futuro estable y promisorio para nuestros compatriotas.

De otra parte, señor Presidente, el Congreso de Colombia quisiera abrir las puertas al gran debate sobre la justicia. Mas allá de las deliberaciones que en las comisiones y plenarias tendrán lugar cuando el gobierno, o las cortes, o ambos traigan los proyectos que ahora se cocinan en otros foros, resulta indispensable agregar más voces, ojalá todas las voces, a la discusión.

En los últimos tiempos, agencias multilaterales extranjeras y expertos nacionales han procurado unas reformas democráticamente minimalistas, evidentemente enfocadas hacia la protección de la propiedad privada y la acumulación de capital. Es decir unas reformas orientadas hacia la modernización que reclaman el mercado y las inversiones extranjeras.

Nadie niega la pertinencia de esas formulaciones y las virtudes de la conciliación, el arbitramento, los jueces de paz y la atribución de funciones judiciales a operadores administrativos. Pero una verdadera reforma judicial tiene que pretender algo más que la descongestión, algo más que una desjudicialización que, en vez de acercar los sectores populares al sistema, los excluya otra vez, reservando las altas instancias a los conflictos corporativos y de élite.

La reforma no puede ser sólo un alivio, un aligeramiento de los fardos judiciales. Tampoco una simple mejora en los mecanismos de elección de los organismos de control. Menos un miedo a las innegables virtudes de la tutela. La verdadera reforma tiene que ser capaz de prevenir y eliminar las causas de la ineficacia judicial. Yo quiero ver a las tres ramas del poder público comprometidas en esa búsqueda, sin remilgos, sin excusas, sin recelos profesionales y sin revanchas. Sea la oportunidad para rechazar las pretensiones de algunos sectores en el sentido de que el Congreso deba limitarse en estos temas a dar el pupitrazo a lo que decidan funcionarios públicos y operadores judiciales, o a servir de árbitros a los disensos y conflictos entre ambos, o a desatar temores infundados sobre lo que le pasará a la autonomía judicial en estos recintos. El Congreso no acepta ese tratamiento de sospechas. Tampoco que lo asuman inepto o hacedor de componendas. El Congreso que estudiará la reforma judicial es el mismo que hizo posible la brillante legislatura que hoy termina. La Reforma a la Justicia es un problema suficientemente delicado, complejo e inasible como para excluir a quienes representamos mejor que nadie y con mayores títulos democráticos, a quienes padecen esa justicia que debe examinarse y replantearse. Sin una justicia eficaz, no hay futuro.

Hoy hace exactamente un año y en este mismo recinto, dije que la conmemoración de nuestros 200 años de vida independiente era algo más serio y complejo de lo que sugieren banderas, himnos y entusiasmos de fechas emblemáticas. Es necesaria una relectura sobre la clase de nación y de república que en esa época empezamos a construir.

Recordé entonces y ahora que Alfonso Múnera en su libro "Fronteras Imaginadas" sostenía que dos de los más respetados pensadores colombianos de aquella época seguían a pie juntillas el pensamiento pre-científico de José Luis Leclerc y de Lamark, y que el primero había llegado hasta el extremo de afirmar "que el estado de perfección encarnado por la raza blanca europea se había degenerado hacia formas inferiores como la raza negra por influencia de clima". El mestizaje que aceptaban y promovían era apenas el de un complicado proceso de blanqueamiento gradual que desconocía su propia naturaleza.

Si eso era lo que pensaba un "sabio" como Caldas, es fácil imaginar lo que pensaban élites mentalmente menos elaboradas, lo que tal vez revele que la nación colombiana fue imaginada excluyente desde las primeras narrativas. El resto de las inferencias son todavía más fáciles. Allí estan las claves de esa nación sin sentido que desembocó en este país de 20 millones de pobres y casi 8 millones de indigentes.

Esta relación de temas y deliberaciones no agota la agenda de los asuntos pendientes, pero establece unas prioridades de deliberación que ojalá logren la atención y la reflexión de quienes tienen algo que aportar a la discusión. Me parece que nadie tiene una excusa válida para escapar a esta convocatoria, ni para manifestar disensos falsos, discusiones semánticas, litigios innecesarios, querellas caprichosas que rompan la disciplina de los partidos, las mayorías parlamentarias, la voz imprescindible de las minorías y las coaliciones fecundas, y por lo tanto frustren las posibilidades de esa gran deliberaciónn sobre nuestro destino.

Muchas gracias.