Fecha: 2013-08-13

Seguridad y calidad para el transporte en taxis

Abstract

Esta ley tiene como propósito establecer medidas de seguridad y calidad para la prestación del servicio público de transporte individual o taxi, salvaguardar la integridad y el patrimonio de los usuarios, conductores, propietarios y empresas dedicadas a esta actividad, y propender por un mejoramiento en las condiciones del servicio de transporte.

De qué se trata

Esta iniciativa legal, tiene su génesis en la notoriedad frente a la falta de control por parte del Estado al servicio público de transporte, especialmente, el individual conocido coloquialmente como taxis, por cuenta de la ausencia de requisitos legales claros para su prestación en debida forma en cabeza de las empresas, de los propietarios de los vehículos y de sus conductores, situación que se traduce en un inminente riesgo para la colectividad y en una actividad de interés general muchas veces ineficiente, pese a su connotación de servicio público dentro de un Estado Social de Derecho.

Cómo lo afecta a usted

En la actualidad no existe certeza legal, sobre las condiciones y el marco de seguridad y calidad en que se debe prestar el servicio público de transporte que tenga la capacidad de asegurar el patrimonio y la integridad de los usuarios, conductores, propietarios de vehículos y empresas dedicadas a esta actividad. Siendo este vacío legal un flagelo inocultable, y una fuente potencial de criminalidad con ocasión al uso de vehículos de servicio público como instrumentos o bienes donde se preparan y ejecutan todo tipo de conductas punibles proscritas por el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000).

Es perfectamente admisible y necesaria, desde una perspectiva constitucional y de conveniencia, la expedición de una ley que brinde instrumentos de inspección, vigilancia y control sobre la forma como debe ser prestado el servicio público de transporte de taxi, dada la preocupante situación que actualmente afronta el país en relación a la inseguridad que representa esta actividad no solo para los usuarios, sino también para los propios conductores. Siendo un factor imperativo para el Estado, intervenir de manera adecuada, a fin de erradicar este tipo de situaciones que atentan contra la ciudadanía.

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