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Aprobado en primer debate Proyecto de Ley de protección de bañistas en playas
La Comisión Primera de senado aprobó hoy en primer debate la iniciativa del Senador Armando Benedetti que pretende proteger a los bañistas en las playas colombianas y que complementa la ley 1209 de 2008 de control y prevención de accidentes en piscinas.
Benedetti dijo que nuestro país hay más de 300 playas que deben ser vigiladas para evitar que se sigan presentando accidentes y ahogamientos como los 19 casos de personas que fallecieron por inmersión en las playas de Cartagena de enero a octubre de 2008 o las 29 registradas por el Instituto de Medicina Legal en el Municipio de Puerto Colombia, Atlántico.
"Es necesario que el Estado adopte una política pública de seguridad en las playas, que ayude a proteger la vida y la integridad de los bañistas, especialmente la de los niños, que han sido ignorados por tanto tiempo", aseguró.
El proyecto establece que los municipios que cuenten con playas de uso público o libre deberán contar con salvavidas suficientes, profesionales y entrenados en primeros auxilios y con elementos necesarios de rescate en caso de inmersión o ahogamiento.
Para los primeros auxilios los salvavidas deberán contar con elementos para practicar primeros auxilios así como disponer de una ambulancia en caso de que el bañista requiera ser trasladado a un centro hospitalario.
En las playas se deberán instalar carteles visibles que informen a los bañistas y turistas el riesgo y el tipo de playa así como banderas de identificación que indiquen sus condiciones de seguridad para el baño.
Las playas llevarán asociada la bandera correspondiente a su categoría y para su modificación se tendrán en cuenta las circunstancias diarias de las condiciones del mar, corrientes, meteorología o circunstancias extraordinarias que se presenten, contaminación biológica, química y todos los riesgos que puedan poner en peligro la seguridad de las personas.
Las entidades públicas o privadas que tengan concesiones en las playas colombianas también estarán obligadas al cumplimiento de la ley. EL Gobierno Nacional se encargara de reglamentar todas las medidas de seguridad.
Los alcaldes que incumplan la norma serán sancionados con destitución del cargo y los concesionarios podrán perderla y quedarán inhabilitados para contratar con el Estado por un periodo de cinco años.
OFICINA DE PRENSA - 181
Junio 15 de 2010