Sala de prensa
Benedetti pide a procurador investigar incumplimiento de hospitales de sentencia sobre el aborto
El Senador Armando Benedetti le solicitó hoy al Procurador General de la Nación iniciar la investigación y la acción disciplinaria que corresponda por la negativa del Hospital San Ignacio de practicar un aborto aduciendo objeción de conciencia institucional.
En carta dirigida a Maya Villazón, Benedetti asegura que según la sentencia de la Corte Constitucional la objeción de conciencia no es un derecho de personas jurídicas o del Estado, sólo es posible reconocerlo a personales naturales, de manera que no pueden existir clínicas, hospitales o centros de salud que presenten objeción de conciencia a la práctica de un aborto cuando se reúnan las condiciones establecidas por la ley.
Igualmente Benedetti le solicitó al Superintendente de Salud y al Secretario de Salud del Distrito inicien también la investigación respectiva y establezcan porque en Bogotá y otras ciudades del país han sido rechazados 40 procedimientos a mujeres, a pesar de cumplían con lo estipulado por la sentencia que legalizó parcialmente el aborto en Colombia.
Benedetti aseguró que, aunque a Migdoly Bernal Castillo le están practicando hoy el procedimiento en el Hospital San José de Bogotá, después de la tutela al Hospital San Ignacio y a la EPS Compensar, fue víctima de una paseo de la muerte por más de un mes debido a la negativa del Hospital San Ignacio de practicar el aborto por malformaciones múltiples del feto.
A su tiempo, la concejal Angela Benedetti, quien se unió a la causa, anunció que realizará desde el Concejo de Bogotá un debate al Secretario de Salud del Distrito para conocer porque en Bogotá instituciones de salud se niegan constantemente a practicar abortos a pesar de cumplir lo estipulado por la Sentencia de la Corte Constitucional.
De acuerdo con la concejal, un 70% de las negativas de prácticas de aborto justificado por la Corte han sido negados en Bogotá.
La vocera de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Beatriz Quintero, quien organizó hoy un plantón frente a las instalaciones del Hospital San Ignacio dijo que "no es la primera vez que se presentan esta clase de barreras para acceder a un aborto legal y seguro en dicho hospital, en tanto persisten las barreras administrativas por parte del personal de la salud, que vulnera los derechos fundamentales de las mujeres y contraría la reglamentación expedida por el Ministerio de la Protección Social, que hace referencia a una atención oportuna y a la disponibilidad del servicio".
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres ha apoyado jurídicamente 39 mujeres que han solicitado una interrupción voluntaria del embarazo por una de las tres causales despenalizadas, en todo el país y continua trabajando por la materialización de los derechos de las mujeres reconocidos hace casi dos años por la Corte Constitucional.
Por su parte el abogado que interpuso la tutela en el caso Migdoly Bernal Castillo aseguró que "si el hospital San Ignacio desde su concepción religiosa considera que no puede cumplir el fallo de la Corte Constitucional sobre aborto, éticamente debe renunciar a continuar prestando y lucrándose del servicio público de salud, ya que esta actividad le fue delegada en nombre del Estado Colombiano y ellos no pueden ser una rueda suelta que se niegue a cumplir las decisiones de la Corte Constitucional"
OFICINA DE PRENSA - 73
Marzo 5 de 2008