Armando Benedetti, Senador

'Trancón' legislativo

En las tres semanas y media desde su posesión, la administración de Juan Manuel Santos ha anunciado un amplio paquete de reformas. Estas, lideradas por el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, cubren desde el sistema de regalías hasta el sector de la Justicia, pasando por la redistribución de tierras. Pero, con el transcurrir de los días, parlamentarios y Gobierno han empezado a chocar por el ritmo lento al que los proyectos de ley están ingresando al Congreso y el orden de prioridades para su discusión.

En teoría, la Casa de Nariño goza de las mejores condiciones políticas para impulsar cualquier agenda, por ambiciosa que sea. Antes del 7 de agosto, el presidente Santos conformó la 'unidad nacional', la más numerosa coalición en la historia reciente, que controla entre el 80 y el 85 por ciento de los escaños de la Cámara y el Senado.

Integrada oficialmente por cuatro grandes partidos -'la U', Conservador, Liberal y Cambio Radical-, la Mesa de la Unidad les presentó a los colombianos un portafolio de más de una docena de iniciativas para el primer año del cuatrienio. Según lo dicho, la correa de transmisión entre el Ejecutivo y el Legislativo quedaba montada: el Presidente y sus ministros presentarían a este último los textos previamente acordados por los miembros de la coalición. Por su parte, las mayorías garantizarían un trámite rápido y sin complicaciones.

Sin embargo, unas pequeñas fisuras han empezado a surgir en ese esquema. En primer lugar, entre el pasado 20 de julio y ayer, una oleada de 200 proyectos de ley de autoría parlamentaria ha inundado ambas cámaras. A estos se suman otros 20 presentados por el gobierno Uribe en sus últimos días. A pesar de que gran parte trata temas de poca transcendencia, su sola radicación congestiona las agendas. En segundo lugar, varios anuncios públicos del ministro Vargas Lleras sobre propuestas trascendentales no han estado acompañados de una radicación del texto. Sin ese requisito, el trámite legislativo no puede comenzar.

Del paquete inicial de más de una docena de reformas, solo cinco ya están a estudio de las comisiones. Teniendo en cuenta los tiempos estipulados por la ley, la preocupación del presidente del Congreso, Armando Benedetti, no es frívola. Mientras más se demore el Gobierno en enviar los proyectos definitivos, más aumenta el riesgo de hundimiento de algunos de ellos. Los legisladores, con justa razón, no quieren cargar con esa responsabilidad.

Un tercer aspecto es más político que procedimental. Se entiende que si una iniciativa cuenta con la aprobación de la Mesa de Unidad, no habría espacio para que congresistas de los partidos de la coalición modifiquen sus contenidos en los debates. No obstante, algunos se están resistiendo porque perderían su capacidad de negociación con el Ejecutivo. En el caso de que el texto de la reforma de la Justicia sea concertado entre la Presidencia y las altas cortes, ¿lo cambiarían los parlamentarios?

El ministro Vargas está a tiempo de corregir estos cortocircuitos, propios de cualquier coalición. Priorizar lo ya radicado y agilizar la presentación de lo que está en preparación en los ministerios ayudaría al Congreso a definir mejor su agenda. En lo que está pendiente de concertación, como las reformas política, judicial, estatuto de la oposición y leyes de víctimas y de tierras, son claves la definición de tiempos para cerrar la discusión e instancias de decisión final. Como si fuera un policía de tránsito, el jefe de la cartera política necesita organizar el tráfico del paquete del Gobierno y reducir posibles trancones. A lo mejor también le sería útil un 'pico y placa' legislativo para determinar qué circula primero y en qué orden.

TOMADO DE EDITORIAL EL TIEMPO - 204
Septiembre 2 de 2010